La ONG Educo presenta su nuevo informe “COVID 19: Impacto de la pandemia y sus secuelas en la educación”, en donde denuncia que la pandemia ha acelerado las desigualdades en educación y ha aumentado la desprotección la niñez que viven en el umbral de la pobreza y aquellos que sufren discriminación por su identidad, origen social, condición de migrante, discapacidad, entre otras situaciones que determinan las oportunidades educativas.
Educo considera que la COVID-19 ha averiado el ascensor social que permite la reducción de las desigualdades. Las medidas implementadas por los estados han sido insuficientes para alcanzar amplios sectores de población vulnerables que, a falta de conectividad y herramientas adecuadas, no se han beneficiado de la enseñanza a distancia.
“Miles de niños y niñas no van a volver a la escuela, y es algo que llevamos meses viendo en nuestro trabajo en el terreno. No han podido seguir las clases porque en los lugares en los que viven no hay una infraestructura adecuada para que llegue Internet, no tienen los materiales tecnológicos, sus profesores no están preparados para dar clases a distancia y sus familias no pueden apoyarles porque la prioridad es trabajar y conseguir dinero para sobrevivir. Por eso, desde Educo pedimos que, en la medida que las condiciones sanitarias lo permitan, las escuelas permanezcan abiertas para garantizar el acceso a la educación del alumnado que no puede estudiar a distancia”, explica Pilar Orenes, directora general de Educo.
La brecha digital ha sido determinante en la exclusión del alumnado con menos recursos. En la región, los niños, niñas y adolescentes tienen un acceso limitado a dispositivos electrónicos y, aunque ha aumentado la conectividad a la red, se depende mucho de la telefonía móvil, con datos muy limitados. La mitad de los escolares de 3 a 17 años no tiene acceso a Internet en casa y hay grandes diferencias de acceso por clase social.
En América Latina y el Caribe la combinación de abandono escolar y pocas oportunidades de empleo se traduce en un elevado número de jóvenes que ni estudia, ni trabaja, ni está en capacitación, situación en las que se encuentran 23 millones de personas, presentándose de forma más pronunciada entre las mujeres.
En el informe también se muestra cómo el hecho no poder ir a las escuelas está afectando a otros derechos de la infancia, como el derecho a la alimentación. A finales de 2020, el número de personas en situación de inseguridad alimentaria había aumentado en 121 millones. En América, el cierre de los colegios afectó a los Programas de Alimentación Escolar (PAE) de los que se benefician 85 millones de estudiantes. La comida escolar es la principal fuente de seguridad alimentaria y nutricional para 10 millones de niños y niñas de familias vulnerables, un número que puede aumentar. “La alimentación es básica para garantizar el desarrollo y el aprendizaje. Para muchos niños y niñas de nuestros proyectos, la escuela es también un espacio en el que se les asegura al menos una comida completa y saludable al día que no tendrían en su hogar”, explica la directora general de Educo.
Otros de los derechos vulnerados durante estos meses ha sido el derecho a la protección y bienestar de a la niñez. Educo recuerda que la escuela es un espacio seguro para niños, niñas y adolescentes, ya que allí corren menos riesgos de sufrir todo tipo de violencias, mientras que, al abandonar la escuela están en riesgo de ser víctimas de trabajo infantil, la trata, el matrimonio infantil o el embarazo precoz.
“Hemos constatado en los 14 países en los que trabajamos que el efecto devastador que ha tenido el cierre de las escuelas en países de la región de América. Con la emergencia sanitaria por COVID-19, los servicios de salud reproductiva y planificación familiar han reducido el número de consultas. Al mismo tiempo, el cierre de las escuelas dejó a muchas niñas y adolescentes sin un espacio clave de protección contra la violencia y otras vulneraciones de sus derechos, como el matrimonio forzado y el embarazo precoz”. Denuncia Pilar Orenes. En otros países, como El Salvador, el hecho de tener las escuelas cerradas propició un incremento del riesgo de ser víctimas de las llamadas “maras” y de sufrir todo tipo de abusos, como violaciones o robos e, incluso, ser asesinados.
Un logro en la región había sido la disminución del trabajo infantil. A pesar de todo, todavía hay 10,5 millones de niños, niñas y adolescentes (el 7,3 % de población de 7 a 17 años) que trabajan sin haber cumplido la edad mínima de empleo y la cifra puede aumentar hasta en 300 mil por el impacto devastador de la pandemia.
Un año después del comienzo de la pandemia, más de 800 millones estudiantes siguen sometidos a medidas que han alterado radicalmente su educación, bien por el cierre total de los centros (31 países) o porque estos optaron por un calendario lectivo reducido, a tiempo parcial (en 48 países). Se estima que en 2020 las escuelas estuvieron cerradas en promedio 3,5 meses, pero en algunos casos los alumnos y las alumnas llevan un año alejados de las aulas.
Enlaces a informe y resumen ejecutivo
Sobre Educo:
Educo es una ONG de cooperación global para el desarrollo, centrada en la educación, la protección y la participación de la infancia, que actúa en 14 países mediante proyectos en los que participan más de 800.000 niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
Para obtener más información sobre Educo y su trabajo visita https://educo.org.bo/
Más información en Bolivia: Wendy Rivera, Responsable de Comunicación, wendy.rivera@educo.org
